Luego de una gestión de restitución de tierras en el Municipio de El Dorado en el Departamento del Meta, se investiga un hecho irregular, en la venta y arrendamiento subvalorado de los predios más llamativos y costos en este territorio y que fueron entregados por paramilitares para que fueran administrados por la unidad de Víctimas.
Se trata de un aparente acto de corrupción que implicaría a varios funcionarios del antiguo Gobierno del ex presidente Ivan Duque, visto esta gestión irregular, la Procuraduría General de la Nación decidió abrir una investigación disciplinaria a Yolanda Pinto Afanador, y Ramón Alberto Rodríguez, en su calidad de directores de la Unidad para las Víctimas, para la época de los hechos, y a Luz Carime Cepeda y Miguel Avendaño Hernández, como coordinadores del Fondo de Reparación para las Víctimas.
Se conoció que hay predios de renombre, se trata de “La Esperanza, Bellavista,El Porvenir, La Esperanza 1 y Las Brisas” a esto se les suman varios inmuebles en diferentes departamentos que sufren por el cobro de arrendamientos irrisorios, también se entregaron evidencias de la posible pérdida de documentos administrativos del fondo de reparación de víctimas.
