La mujer, quien en repetidas ocasiones fue perseguida y amenazada por la exguerrilla de las Farc, será compensada por la URT según lo ordenado por el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Villavicencio. El fallo reconoció su condición de víctima de abandono forzado de tierras, debido a que fue obligada a dejar su vivienda ubicada en el casco urbano de la inspección de La Julia, en el municipio de Uribe, en el Meta.
La mujer adquirió la propiedad, de 357 metros, en 1993. Una vez avanzadas las obras de remodelación se trasladó a vivir con sus cinco hijos y allí cultivó plátano, yuca y mango. Vivía feliz. Pero esa tranquilidad se vio afectada debido a que el grupo armado, la obligó a afiliarse a la milicia, la inscribió en un listado y debía asistir a todas las reuniones convocadas en los campamentos.
El 3 de noviembre de 2009 la mujer fue condenada a usar camuflado, a portar armamento y a dirigirse a San Vicente del Caguán. Ella se negó y su decisión la llevó a dejar su hogar en menos de 24 horas, el comandante guerrillero conocido con el alias de “Rogelio”, le manifestó que por incumplir la orden debía irse de la región.
No tuvo más remedio que desplazarse hacia Bogotá, y estando en la capital recibió nuevas amenazas por lo cual huyó hacia Venezuela. En ese país, tampoco pudo radicarse y regresó a Colombia. Compra un predio en Saravena en Arauca y una vez instalada el frente 45 de las Farc-EP la obliga a desplazarse hacia Villavicencio. Con el paso del tiempo, esta familia intentó regresar a su predio en zona rural de La Uribe, pero se encontró con que había sido vendido a otra persona.
La URT llevó el caso ante la justicia que falló a su favor y ordenó la restitución mediante la compensación por equivalencia, es decir, que se le comprará otro predio de similares características a los que abandonó. Entre tanto, el juez consideró que los actuales residentes en el predio demostraron la calidad de segundos ocupantes de buena fe y, por tanto, seguirán viviendo en ese terreno.
Además de la compensación con una nueva vivienda en el sitio que elija, la mujer cabeza de hogar y hoy adulta mayor, tiene derecho a la oferta institucional del Estado, priorizando su condición de mujer vulnerable.
