La reforma a la salud ha sido definitivamente rechazada. Después de un año de deliberaciones en el Congreso, el Gobierno no pudo obtener las mayorías necesarias para que su proyecto avanzara al tercer debate en la Comisión Séptima y pudiera ser discutido en la plenaria del Senado. El resultado, desfavorable para el ejecutivo, era previsible desde que un grupo de nueve congresistas anunció hace algunas semanas que votarían a favor de archivar el proyecto. A pesar de ello, pocos consideraban que la discusión estuviera cerrada: en ocasiones anteriores, el debate sobre la reforma había presentado sorpresas de último momento. Sin embargo, a pesar de los llamados de los Ministerios de Interior y Salud, esto no ocurrió.
A pesar de que el bloque de nueve senadores en contra de la reforma argumentó que los impedimentos no debían ser discutidos, el congresista Wilson Arias del Pacto Histórico justificó su voto positivo hacia muchos de estos impedimentos. Arias mencionó el financiamiento de campañas políticas por parte de empresas de salud y la supuesta relación directa de familiares de los senadores con el sector salud. Los congresistas de la oposición consideraron que su intervención fue una dilación al debate. Los nueve impedimentos fueron votados gradualmente mientras los ministros Luis Fernando Velasco de Interior y Guillermo Alfonso Jaramillo de Salud llegaban al recinto. Ambos tomaron asiento en la mesa directiva y participaron en el debate.
La reforma tenía como objetivo realizar una transformación significativa en el sistema de salud, sin embargo, no logró obtener consenso, como suele suceder en ocasiones en las que se intentan implementar este tipo de reformas. El Gobierno buscaba modificar la naturaleza de las EPS, reduciendo sus funciones y transfiriéndolas a otras entidades conocidas como “Gestoras de Vida y Salud”. Sin embargo, el papel que estas Gestoras desempeñarían en el nuevo modelo no convenció completamente a ciertos sectores del ámbito de la salud.
