Ocho personas, entre exmilitares, integrantes del Ejército Nacional y particulares fueron capturadas y judicializadas. Dos de los procesados cumplían condenas por esta misma conducta y permanecían detenidos en sus lugares de residencia.
Una investigación liderada por la fiscalía general de la Nación permitió identificar y judicializar a ocho presuntos integrantes de una red delictiva señalada de obtener armas de fuego y munición de uso exclusivo de la fuerza pública para venderlas a distintas estructuras criminales como las disidencias de las Farc, el ELN y el ‘Clan del Golfo’.
Entre los procesados hay personal activo y exintegrantes del Ejército Nacional que desempeñaron diversas funciones en los depósitos de los fuertes militares ubicados en Caquetá, Meta, Bogotá, Putumayo y la Costa Atlántica. Al parecer, aprovecharon sus cargos para extraer pistolas, revólveres, fusiles, ametralladoras, lanzagranadas y cartuchos de diferentes calibres; y entregarlos a particulares que se encargaban de la comercialización y distribución a los grupos armados ilegales.
La evidencia indica que los dineros producto de las negociaciones ilícitas eran enviados a través de empresas de giros. Hasta el momento se han documentado pagos por más de 50 millones de pesos entre 2017 y 2022.
Las ocho personas que harían parte de esta red fueron capturadas en una acción conjunta del CTI de la Fiscalía y el Ejército Nacional en Medellín (Antioquia), Florencia (Caquetá), Villavicencio (Meta), Barranca de Upía (Meta), Apía (Risaralda) y Neiva (Huila).
Entre los detenidos está el soldado profesional retirado Arbey Panqueva Neira y el civil Virgilio Bonilla Díaz, quienes fueron condenados por el delito de tráfico de armas y cumplían detención en los lugares de residencia. Los elementos de prueba indican que, al parecer, mantenían contacto con funcionarios de distintos batallones para continuar adquiriendo armamento a gran escala.
También está el soldado profesional retirado Pedro Javier Ciro Restrepo, que habría desertado de las fuerzas militares luego de enterarse que era investigado. En el procedimiento de captura presentó una cédula con una identificación que no le correspondía.
Los demás señalados involucrados son:
- Sargento segundo Julián Bernardo Pinilla Agredo.
- Soldado profesional Milton de Jesús Ávila Ortiz.
- Ubeimar Escobar Muñoz, presunto intermediario.
- Jorge Alfonso Betancur Sánchez, quien sería uno de los transportadores de las armas y la munición.
- María Isabel Díaz Romero, propietaria de un establecimiento de comercio en Medellín (Antioquia) que habría sido utilizado para almacenar las armas, accesorios y cartuchos obtenidos de los fuertes militares.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a estas ocho personas, de acuerdo con su posible participación en los hechos, los delitos de: concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos; enriquecimiento ilícito; y uso de documento falso. El soldado profesional Milton de Jesús Ávila Ortiz aceptó los cargos.
